De acuerdo con el Primer Informe de Labores de la Secretaría de la Función Pública, la incidencia de esta dependencia en los casos de corrupción fue más notoria en comparación con la administración federal encabezada por Enrique Peña Nieto, donde pasó de casi extinguirse a ser dirigida por un amigo del entonces Presidente y quedar luego sin titular por un buen tiempo hasta la llegada de otra leal a EPN: Arely Gómez.
Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió, entre diciembre de 2018 y agosto de 2019, un total de 20 mil 504 denuncias de toda la Administración Pública Federal por presuntas faltas administrativas o posibles actos de corrupción, según informó la dependencia en su Primer Informe de Labores.
En el documento se agrega que se han concluido 3 mil 536 investigaciones y continúan abiertas 16 mil 387, lo que “representa un crecimiento de 38 por ciento en el número de denuncias recibidas respecto al periodo comprendido en el mismo periodo del año anterior”.
Los casos más relevantes están vinculados con el robo de hidrocarburos; posibles irregularidades en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM); actuación bajo conflicto de intereses de miembros de Órganos Reguladores y con el esquema conocido como La Estafa Maestra, por el que se investiga a diversas personas servidoras públicas de distintas dependencias.
En ese mismo periodo, la SFP también informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) 33 denuncias por presuntos actos de corrupción: una por daño en propiedad ajena; 20 por enriquecimiento ilícito; cuatro por convenios relacionados con la “Estafa Maestra”; cinco por convenios celebrados con instituciones públicas educativas; una de Presidencia; una por la “casa blanca” y una por el caso de los normalistas de Ayotzinapa.
También se anunció que se ejecutaron 217 actos, consistentes en 35 auditorías, 50 visitas de supervisión, 90 seguimientos y 42 verificaciones de calidad, entre las que se encuentran cinco auditorías sobre el Aeropuerto de Texcoco, en las que se determinaron 60 observaciones, con un importe por aclarar de 7 mil 005 millones de pesos por trabajos ejecutados sin comprobación documental; anticipos pendientes de amortizar y/o recuperar; pago de cargos de costos indirectos no justificados; y por el pago de estimaciones sin formalización de convenio modificatorio.
También hay investigaciones sobre el Tren Interurbano México-Toluca, en el que se determinaron 8 observaciones, con un monto por aclarar de 111 millones de pesos. Aquí, las principales observaciones se refieren a pagos indebidos que no corresponden a conceptos de obra, y por inconsistencias y omisiones en la integración de conceptos no previstos en el catálogo original.
La SFP agregó cinco auditorías sobre los Convenios Específicos celebrados entre Pemex Exploración y Producción, la Universidad Popular de la Chontalpa y el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Ahí se determinaron 31 observaciones con un importe por recuperar que asciende a 264.1 millones de pesos, principalmente por irregularidades en el estudio de mercado; falta de capacidad técnica, científica y humana de las instituciones de educación superior contratadas; omisiones de los procedimientos de recisión del convenio específico, e incumplimiento de la cláusula de subcontratación.
Como consecuencia de los hallazgos, se presentaron 6 denuncias penales por el uso ilícito de atribuciones y facultades y se integraron 9 expedientes por conductas constitutivas de posibles responsabilidades.
El seguimiento de los resultados de estas observaciones se encuentra en proceso.
SOBRE LA IMPUNIDAD
De acuerdo con el documento de más de 200 páginas, actualmente se realizan 126 revisiones a expedientes de verificación patrimonial para determinar si hubo incrementos injustificables en el patrimonio de los servidores públicos y en materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas se emitieron 259 resoluciones –menos que en el mismo periodo del año anterior– de las cuales 192 fueron sancionatorias que implicaron multas por mil 420 millones de pesos y la inhabilitación de más de 100 empresas.
Según datos del Índice Global de Impunidad de 2018, México fue el cuarto país más impune del mundo, “más de 93 por ciento de los delitos no son denunciados y, en el caso de la corrupción la cifra negra supera el 95 por ciento. De las denuncias, apenas una pequeña parte llega a sancionarse y un número menor se mantiene firme frente a los tribunales”.
En la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial hay 108 expedientes de responsabilidad administrativa, 53 correspondientes al año 2018 y 55 al año 2019, de los que no se dan más detalles.
De esos 108 expedientes, se han resuelto 27; en 12 se impuso la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de diez años; en 6 se determinó la inexistencia de responsabilidad; en 5 se determinó procedente la abstención para sancionar; en 3 se acordó improcedente iniciar el procedimiento administrativo por prescripción, y uno se suspendió por falta de causas.
Sobre la verificación patrimonial, a la fecha ha iniciado 60 expedientes más para determinar si existen incrementos injustificables o inexplicables en el patrimonio de los servidores públicos.
Se han concluido 53 expedientes, de los cuales, 39 se han remitido a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública para la presentación de la denuncia correspondiente y en 14 se ha determinado emitir acuerdo de archivo.
El monto total no justificado por parte de los servidores públicos involucrados en los expedientes enviados a la Unidad de Asuntos Jurídicos asciende a la cantidad de 242 millones 957 mil 421 pesos.
Actualmente se revisan 93 expedientes de verificación patrimonial para determinar si existen incrementos injustificables o inexplicables en el patrimonio de los servidores públicos, la mayoría de ellos adscritos en su momento a Pemex y su sindicato, además de expedientes relacionados con altos funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Desarrollo Social (Sedesol), de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).
